Es por esto que la FNE pide multas por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a US$ 31,3 millones ($ 29.841 millones).
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las empresas Indura y Linde Gas Chile (Linde), y tres de sus ejecutivos, por colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, que tuvo lugar, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021, en plena pandemia de Covid-19.
Según la FNE, las empresas involucradas acordaron asignarse cuotas de mercado y no competir entre sí por sus clientes cuando una de ellas ya fue designada como proveedora.
El organismo precisó que esta colusión afectó a clientes industriales y del mundo de la salud, entre los que destacan rubros como el alimentario, laboratorios, minería, refinería de petróleo, acero, vidrios y hospitalario, entre otros.
Es por esto que la FNE pide multas por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a US$ 31,3 millones ($ 29.841 millones). De este total, US$ 31,2 millones ($ 29.732 millones) corresponden a Indura y US$ 114.392 ($ 109 millones) a su gerente general.
Delación compensada de Linde
En esta línea, la Fiscalía precisó que respecto a Linde y sus dos ejecutivos involucrados, deben ser eximidos de la aplicación de multa tras cumplir con los requisitos para acceder a los beneficios del programa de delación compensada.
“Los productos afectados por esta colusión son sumamente relevantes para el funcionamiento de múltiples áreas de nuestra economía y la salud de las personas. Este es un caso muy importante para la FNE, en el que instamos a que se impongan sanciones ejemplarizadoras”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, subrayando la gravedad de este acuerdo anticompetitivo.
El acuerdo entre los gerentes generales de ambas empresas se concretó tras una reunión en un café de Las Condes el 11 de noviembre de 2019. Así, Indura y Linde comenzaron a repartirse sus clientes, a través de un pacto de “no agresión”, la que fue declarada por los propios involucrados como una situación de “paz y amor”.
Las firmas acordaron que, para no competir por los clientes que atendía la otra, se abstenían de participar en licitaciones o cotizaciones, ofertaban precios intencionalmente elevados para no ganar el negocio, se retiraban del proceso si el cliente se interesaba en la propuesta, o se desistían de la oferta presentada en caso de resultar adjudicada.
Luego que la FNE concretara una serie de diligencias como el allanamiento de los domicilios particulares de los ejecutivos involucrados, los representantes de Linde acordaron reconocer su participación y entregar la evidencia para así optar a la delación compensada.
