La FNE solicitó una multa que asciende los US$ 31,3 millones y el Minsal recurrió al CDE por colusión en mercado del gas industrial y hospitalario.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó colusión en el mercado del gas industrial, medicinal y especial entre las empresas Indura y Linde Gas Chile (Linde) durante noviembre de 2019 y enero de 2021, en un pacto de no agresión.
De acuerdo a un comunicado, tres ejecutivos de las mencionadas empresas están involucrados. Se trata de gerentes generales de ambas compañías y un alto cargo de Linde.
Por esta razón, el organismo presentó un requerimiento el pasado 29 de abril ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde denunció que Indura y Linde acordaron asignarse cuotas de mercado y no competir entre sí por sus clientes.
En este sentido, la FNE expuso: “Esta colusión afectó a clientes industriales y medicinales, cubriendo una amplia gama de rubros, tales como metalúrgico, papelero, forestal, constructor, acuícola, alimentario, laboratorios, minería, refinería de petróleo, acero, vidrios y hospitalario, entre otros”.
Las pruebas de la FNE y las multas por colusión de gas
El acuerdo se habría originado luego de una reunión entre ambos gerentes generales -Sergio Novelli de Linde y Marcelo Torres de Indura-, la cual tuvo lugar en un café de Las Condes en noviembre de 2019. En aquel sitio acordaron un pacto de no agresión para no competir los clientes que cada una de las empresas tenía.
A raíz de una denuncia, la FNE comenzó una investigación y pudo interceptar las llamadas de ambos ejecutivos, donde se daban indicaciones para subir los precios. Una de las instrucciones de Novelli fue: “Aumente precios en el sur (…) No va a haber retorno (competencia). Aumente”. Mientras que Torres le dijo: “Hay que subir los precios también (…) sin compasión, sin piedad”.
Tras allanar los domicilios particulares de los ejecutivos involucrados, representantes de Linde acordaron reconocer su participación y entregar la evidencia para así optar a la delación compensada.
Por otro lado, la FNE solicitó una multa a Indura por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que se traducen en US$ 31,3 millones ($29.841 millones). De este monto, US$ 31,2 millones ($ 29.732 millones) corresponden a la empresa y US$ 114.392 ($109 millones) a su gerente general.
Sin embargo, Marcelo Torres no solo tendría que pagar la multa, puesto que también arriesga pena de cárcel. La ley establece que esta conducta, según el artículo 62 del DL 211, se puede sancionar al involucrado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 3 años y un día a 10 años de cárcel.
Las posturas de Linde e Indura
A través de un comunicado, Linde sostuvo que tomaron conocimiento de la investigación el 26 de enero de 2021. Tras ello, la empresa inició una auditoría interna y suspendió al gerente general y a uno de sus reportes directos para asegurar la independencia del proceso. Una vez que finalizaron las diligencias, la firma desvinculó a ambos ejecutivos.
Bajo este contexto, la compañía presentó una “solicitud de postulación al mecanismo de delación compensada, para colaborar activamente con la investigación del organismo”.
Por su parte, Indura negó la acusación de la FNE. “La imputación de que Indura se benefició indebidamente no tiene ningún fundamento”, expuso. Además, la empresa afirmó que llevaron “a cabo su propia y exhaustiva investigación interna. Además, especialistas externos llevaron a cabo investigaciones independientes, incluida una auditoría forense y un análisis económico del mercado, ninguna de las cuales evidenció que se hubiera producido colusión alguna”.
Minsal ofició al CDE para investigar colusión de gas
Este miércoles, el presidente Gabriel Boric calificó el hecho como reprochable y expuso que “como Gobierno no pueden aceptar este tipo de prácticas“.
“La colusión de oxígeno no solo compromete el funcionamiento de los mercados y algunas industrias, sino que tenemos la duda que pudo haber afectado seriamente la salud pública“, agregó.
En este contexto, el mandatario instruyó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, evaluar la posibilidad de tomar acciones legales en contra de Indura y Linde. “Creemos que esto puede ser un grave atentado a la salud pública y eso no lo vamos a permitir”, dijo el jefe de Estado.
Tras ello, el Minsal ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se investigue la colusión de compañías en el mercado del gas industrial y hospitalario, durante la pandemia.
La titular de Salud tildó la acusación de “gravísima”, puesto que “la posibilidad de sobrevivir de millones de enfermos dependió del acceso al oxígeno”.
De esta forma, el documento enviado al CDE solicita “la persecución de las responsabilidades civiles y penales que en derecho correspondan, sobre los hechos acusados por la Fiscalía Nacional Económica“.
Sumado a ello, instruye “a los hospitales mencionados en el libelo como presuntamente afectados por la colusión, poner a su disposición (del CDE) toda la información necesaria para esclarecer los hechos“.
Para cerrar, la ministra Aguilera recalcó: “La conducta acusada sin duda es inadmisible, por cuanto puede poner en riesgo el acceso a la atención y, con ello la vida y salud de las personas”.
