Cerca del 40% de la ocupación carcelaria corresponde a personas que están cumpliendo prisión preventiva. Esta cifra ha encendido el debate sobre el correcto uso de la medida cautelar, por lo cual fuentes consultadas por EL DÍNAMO explicaron las razones que han incidido en el aumento, las consecuencias que tienen los recintos penitenciarios y la pesadilla que viven quienes cumplen esta medida cautelar por error.
Aumento de delitos graves, errores periciales y un sistema que tiene como preferencia decretar esta medida cautelar como condena anticipada o por la falta de control pueden resumir y explicar el aumento explosivo que ha tenido la prisión preventiva.
Este fenómeno trae consigo diversas consecuencias que se están viendo reflejadas en la actualidad. En Chile hay más de 54.000 personas privadas de libertad de las cuales cerca de 20.000 corresponde a personas que están en prisión preventiva, sostuvo Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, a EL DÍNAMO.
Las cifras han encendido las alarmas en el Gobierno debido a la sobrepoblación que viven las diversas cárceles del país. Es por esta razón que el ministro de Justicia, Luis Cordero, hace unos días ofició a Gendarmería para que informe de dichas cifras carcelarias a jueces y fiscales, y de este modo, los persecutores tengan en consideración este punto al momento de solicitar una medida cautelar o una condena.
Prisión preventiva: ¿uso o abuso?
“El Estado de Chile no puede negar el aumento explosivo de la prisión preventiva“, sostuvo el titular de Justicia el lunes pasado. Ante esta situación, surge la incógnita: ¿Se está haciendo un buen uso o se está abusando de esta medida cautelar?
Los dichos de Cordero y el oficio que envió a Gendarmería se pueden interpretar como una especie de llamado de atención a los fiscales y jueces, ante el incremento de la mencionada medida y la sobrepoblación carcelaria.
Al respecto, Bravo partió diciendo: “No pretendemos polemizar con el ministro de Justicia, él ha hecho un punto, ha hecho ver una situación que es cierta, que es la sobrepoblación carcelaria”.
“Nosotros, como Asociación de Fiscales, hemos señalado que la única consideración que debemos tener a la vista al momento de pedir medidas cautelares, entre otras, la prisión preventiva, son las consideraciones y los criterios que la ley establece, tanto la Constitución, el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y también, por cierto, las instrucciones del fiscal nacional, que para todos los fiscales son obligatorias, porque no hay que olvidar que el Ministerio Público es un órgano jerarquizado”, sostuvo Bravo a EL DÍNAMO.
Sin embargo, existen casos en que dichas consideraciones y criterios que establece la ley resultan en errores inducidos por trabajos investigativos poco prolijos, lo cual se puede reflejar en las cifras de personas que son decretadas con prisión preventiva y que finalmente son declaradas como inocentes.
La desesperante experiencia de una condena por error
Uno de estos casos corresponde a Julio Lorca Velásquez, profesor de música, quien vio como su vida se convirtió en una pesadilla.
El 8 de febrero de 2013, mientras se encontraba vacacionando en El Tabo junto a su pareja y su hija, que en ese entonces tenía nueve meses, recibió una visita de un grupo de Carabineros de civil, quienes lo detuvieron para trasladarlo a Santiago por un presunto delito de abuso a una niña en el Colegio Altamira de Peñalolén, establecimiento en donde él trabajaba .
Julio no entendía nada, según relató a EL DÍNAMO. Hasta ese momento, no había sido notificado ni llamado a declarar a Fiscalía. “Simplemente me llevaron a Santiago, donde permanecí detenido una noche en la Trigésima Quinta Comisaría en Avenida Italia”, comentó. Recién al otro día supo que iba a ser formalizado.
Cuando fue notificado de que tendría que irse a prisión preventiva, “la vida dio un vuelco brutal”.
“No había ninguna prueba más que una declaración hecha por la madre y la menor el 31 de enero (2013) donde me nombra. Sin embargo, sus declaraciones son difusas y se pueden interpretar de un modo antojadizo. En las declaraciones anteriores nunca me nombró. Habían indicios de un relato inducido por sus padres desde el primer momento”, dijo a EL DÍNAMO.
“Veía que se pisoteaba mi dignidad todos los días”
“La incertidumbre respecto de un proceso que no depende de mí, sino de terceros que están absolutamente desafectados de mi persona y que resuelven basados en pruebas que pueden o no ser fabricadas o tener sesgos de investigación es abrumante”, relató.
“Estuve esperando en vano que alguien me dijera que todo era un error y que me podía ir. Aceptar que estaba ahí fue lo más difícil, porque era inocente. Veía que se pisoteaba mi dignidad todos los días que permanecía encerrado”, recordó Julio Lorca.
Luego de permanecer 17 meses encerrado en la cárcel, “la niña, tal como lo suponíamos, declaró que fue su padre quien la indujo a decir mi nombre en su declaración”, por lo cual se trató de una declaración falsa y solo presentaba una infección.
“El jefe del Servicio Médico Legal (SML) en ese momento, quien realizó la pericia forense en la niña el día 5 de diciembre de 2012, declaró que lo que encontró fue una infección producida por un hongo por falta de aseo”, explicó.
Pero este no caso no es una excepción.
Las cifras de presos inocentes en Chile
Según datos del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, en la última década estuvieron cumpliendo prisión preventiva 26.092 personas que finalmente fueron sobreseídas o absueltas.
En cada uno de estos casos se identifican causas de error tales identificación errónea, mala conducta de agentes del Estado, declaración falsa, falsa confesión, error pericial o mala conducta del defensor.
En 2023, 2.007 personas estuvieron en la cárcel y luego fueron dejadas en libertad tras determinar que no eran responsables del delito que se les estaba imputando. Esto significó un aumento de 225 casos respecto a 2022.
Es decir, en promedio, durante el último año, más de cinco personas al día ingresaron a los centros penitenciarios de Chile siendo inocentes.
El impacto al estar tras las rejas injustamente
Tras ser absuelto por inocencia y salir de la cárcel, Julio Lorca recuerda que “tuve unos primeros días muy lindos pero luego me sumergí en una depresión muy fuerte. Fui diagnosticado con TEPT (Trastorno de Estrés Post Traumático). Sufría ataques de pánico frecuentemente y hacer una vida normal se me hacía muy difícil”.
En este sentido, desistió de volver a trabajar en el mismo colegio.
“Estuve con licencia psiquiátrica hasta el 2015, cuando busqué reintegrarme al trabajo en otro colegio, pues a pesar de que me ofrecieron continuar en el Altamira, preferí renunciar. No sabía si podía soportar que alguien me dijera alguna cosa o me tratara de manera despectiva, me refiero a aquellos padres y madres que desconociendo la verdad habían dicho cosas horribles sobre mí”, explicó el profesor de música.
“En términos de enfrentarme a situaciones desagradables debido a la acusación de antaño, debo decir que han sido mínimas, dolorosas de todos modos por la ceguera de estas personas”, agregó.
El trauma de haber estado en la cárcel, el contacto con la población penal, la cruda experiencia de la que pudo ser víctima al interior de dichos recintos y la estigmatización que conlleva haber estado en prisión son las mayores consecuencias para los “presos inocentes”.
“Cuando una persona es privada de libertad, no solo pierde su libertad ambulatoria, sino que también pierde sus redes sociales, pierde sus redes familiares, pierden su trabajo, y luego cuando son absueltos tienen que intentar reinsertarse en la sociedad, básicamente solo, porque no existen programas sociales, no existe ningún tipo de ayuda para reinsertar a esas personas que estuvieron privadas de libertad y que fueron absueltos”, explicó a EL DÍNAMO, Francisca Eulufi, encargada jurídica del Proyecto Inocentes.
A lo que agregó: “A diferencia de lo que ocurre con los condenados que, si bien no hay una oferta programática amplia, sí existen programas que están orientados a la reinserción social”.
El explosivo aumento de la prisión preventiva en Chile
“La prisión preventiva ha aumentado sustancialmente. Hay un uso abusivo, porque hoy nosotros tenemos 54.000 personas privadas de libertad. Es el número más alto de personas privadas de libertad que el país ha tenido en su historia. ¿Cuál es el período anterior? El 2010, con 53.000 personas, la diferencia es que en ese año, habían un 80% de condenados, y hoy vamos hacia el 40% en prisión preventiva, ese número es muy grande”, sostuvo el ministro de Justicia, Luis Cordero, en conversación con TVN.
De esta forma, las cifras de personas que se encuentran en prisión ha aumentado un 40% en los últimos meses. Lo anterior, mientras las plazas continúan siendo las mismas desde aproximadamente una década, es decir, cerca de 41.000 de capacidad para internos.
Es por esta razón que ha surgido la preocupación con respecto a la sobrepoblación penal, puesto que recintos carcelarios a lo largo de todo el país ya no están dando abasto.
Sumado a lo que ocurre con las cifras de inocentes, este escenario también tiene relación con el aumento de delitos graves, por el poco control que existe sobre las demás medidas cautelares y otros factores.
¿Qué ha incidido en este aumento?
“Ha habido un aumento de los homicidios, de los secuestros, de las tenencias y porte de arma de fuego, de las situaciones de tráfico, etcétera. Eso naturalmente en una audiencia cuando se imputan este tipo de delitos son graves a un imputado, y si hay antecedentes suficientes para dar por establecido el hecho y presunciones de participación de las personas, nosotros no tenemos opción”, partió explicando a EL DÍNAMO, el fiscal Francisco Bravo.
Teniendo en cuenta aquello, el persecutor aseguró que “en la mayor parte de los casos debemos pedir la prisión preventiva, que el juez es quien decide”.
“En Chile hay un problema con la criminalidad organizada que hace mucho tiempo la Asociación de Fiscales y el Ministerio Público ha venido denunciando. La mayor cantidad de personas que cometen este tipo de delitos, son delitos graves, son personas que tienen un riesgo alto de reincidencia o de reiteración y eso es lo que motiva también pedir medidas cautelares más gravosas, más intensas como es la prisión preventiva”, agregó.
Por su parte, Francisca Eulufi sostuvo: “Hay una preferencia a la prisión preventiva por sobre las otras medidas cautelares cuando debiese ser al revés. Debiesen preferirse otro tipo de medidas cautelares como arrestos domiciliarios, totales o parciales”.
Con respecto a los factores que pueden incidir en recurrir de mayor forma a la prisión preventiva, la encargada jurídica del Proyecto Inocentes apunta a las reformas legales que han habido en el último tiempo, como por ejemplo, el aumento de las penas de los distintos delitos.
“Uno de los criterios para efectos de imponer la prisión preventiva es la pena. Termina primando el criterio de la pena probable por sobre los otros requisitos que exige la norma”, expuso Eulufi a EL DÍNAMO.
Siguiendo en esa línea, comentó: “También influye la falta de control que existe con respecto a las otras medidas cautelares”.
Sobrepoblación penal
“Una de las grandes consecuencias que tiene el uso de la prisión preventiva, tiene que ver con el hacinamiento que actualmente están viviendo las cárceles chilenas. Existe contacto criminógeno respecto a las personas que están en prisión preventivas, porque no está la posibilidad de hacer segregación por la cantidad de presos preventivos que hay actualmente”, recalcó Francisca Eulufi.
Con respecto a cómo mejorar el complejo panorama en torno a la sobrepoblación penal, Francisco Bravo apuntó a un problema de infraestructura.
“Hace bastante tiempo que no hay concesión de cárceles nuevas o la responsabilidad del Estado de construir recintos penitenciarios que permitan albergar a la cantidad de personas que hoy día están en prisión preventiva en las condiciones adecuadas”, sostuvo a EL DÍNAMO el presidente de la Asociación de Fiscales.
