Según expuso el fiscal Cristian Aguilar Aranela, la fundación no reunía los requisitos mínimos para ser receptora de los fondos, todo lo cual habría provocado al Fisco un perjuicio de 526 millones de pesos.
La Fiscalía de Antofagasta formalizó por el delito de fraude al fisco reiterado al ex seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras, por la firma de cuatro convenios con fundación Tomarte el año 2022.
En dicha oportunidad se firmaron acuerdos para obras de habitabilidad primaria en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu.
La audiencia será retomada este martes en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, con la petición de medidas cautelares por parte del Ministerio Público.
Según expuso el fiscal Cristian Aguilar Aranela, la fundación no reunía los requisitos mínimos para ser receptora de los fondos, todo lo cual habría provocado al Fisco un perjuicio de 526 millones de pesos.
En la audiencia, el fiscal explicó que el ex seremi intervino de manera indebida en el proceso previo a la suscripción de los convenios, instruyendo que se invitara a Tomarte y consiguiendo que se le incorporara a la nómina de fundaciones que serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos el año 2022.
Aguilar relató además que Tomarte fue constituida el 16 de noviembre del año 2021, por lo que, a la fecha de la invitación a suscribir los convenios, contaba con menos de un año de funcionamiento, y no tenía la experiencia necesaria para convertirse en receptora de tales fondos.
“Así las cosas, con su actuar, el imputado Carlos Contreras abusó de su cargo de seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta y, en consecuencia, de la función pública que desempeñaba, interviniendo en actos propios de su cargo y con infracción grave de los deberes del mismo en la suscripción de convenios de traspaso de fondos a la Fundación Cultural Tomarte, referentes al Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, sin que ésta cumpliera con los requisitos mínimos para ello, lo que derivó en la falta de cumplimiento de la ejecución de las obras convenidas, generando un perjuicio fiscal ascendente a $456 millones de pesos”, indicó Aguilar en la audiencia.
