La abogada fue detenida en un aeropuerto junto a su hija, de quien tampoco se tiene información de su paradero.
Rocío San Miguel, una de las mayores expertas en temas militares en Venezuela, el pasado viernes 9 de febrero fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando estaba a punto de viajar a Miami junto a su hija.
El fiscal general a cargo del caso, Tarek William Saab, dijo el domingo 11 de febrero que la activista presentaba una orden de aprehensión por estar presuntamente vinculada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio contra de la vida del Jefe de Estado, Nicolás Maduro.
A eso se suma su presunta participación en posibles ataques a otros altos funcionarios, además de estar vinculada con el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal, Táchira, y otras entidades del país.
La supuesta trama conspirativa en la que estaría involucrada Rocío San Miguel tendría el nombre de Brazalete Blanco, cuyo objetivo era asesinar a Maduro.
Según el diario español El País, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) arrestó a la activista aquel día en al aeropuerto junto a su hija.
A Miranda, la hija de la otrora abogada, la dejaron ir pero las autoridades la llamaron al día siguiente para que recogiera sus maletas y las de su madre. Sin embargo, no se ha vuelto a saber de ella y se presume que también está detenida.
Las autoridades también han arrestado a dos de los hermanos de Rocío, a su ex esposo Alejandro José González Canales y a otros familiares, entre ellos su padre.
La detención encendió las alarmas de la comunidad internacional
A Rocío San Miguel se le imputa la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Así mismo, hoy miércoles 14 de febrero cumple cinco días privada de libertad. De esta manera, la comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos condenan la acción y están exigiendo la liberación de la abogada.
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales, manifestaron su preocupación a través de redes sociales.
